Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el funcionamiento de todas las luminarias repartidas en España suponen el 42% del consumo de energía del sector de servicios públicos y la inversión en su mejora ahorraría un 30% de este consumo. El 95% del consumo energético de este sector corresponde a instalaciones propiedad de los ayuntamientos. En ayuntamientos como el de Figueres (Gerona), donde se aplican medidas contra la contaminación lumínica, según el "Pla Director per a L'estalvi Energètic en L'enllumenat Públic", Plan Director para el Ahorro Energético en Alumbrado Público, se ha conseguido un ahorro medio del 44% del consumo energético. Cifras similares se obtienen en el caso de la Ley del Cielo de las Islas Canarias: el ahorro se sitúa entre el 40% y el 60% para las instalaciones adaptadas.
Poco a poco, el ordenamiento jurídico ha ido desarrollándose, al igual que el concepto de contaminación lumínica, de modo que cada vez son más las medidas que se toman para la prevención, la reparación y la restauración de aquellos atentados al Medio Ambiente.
Un ejemplo de estas medidas de completa actualidad es la reciente noticia en España de la elaboración de un Estudio de Zonificación Lumínica en el Ayuntamiento de Grazalema elaborado por la Diputación de Cádiz, que le permitirá reducir la contaminación por luz de alumbrado público y ahorrar en el coste de energía.
Estos estudios de zonificación lumínica clasifican las áreas iluminadas de los términos municipales. Persiguen adaptar las situaciones a lo exigido por la legislación aplicable, además de establecer medidas de eficacia en el consumo de energía y de ahorro económico.
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